La Ley de Cambio Climático y Transición Energética en la recta final de su tramitación administrativa en Barcelona


El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (APLCCTE), que será el marco normativo e institucional para facilitar la progresiva adecuación de nuestra realidad a las exigencias que regulan la acción climática, comienza la recta final de su tramitación administrativa. El nuevo borrador pretende facilitar y orientar la descarbonización de la economía española a 2050. Después de haber sido sometido a información y audiencia públicas e incorporar alegaciones resultantes de este proceso, así como haber sido informado por otros departamentos ministeriales, el siguiente paso será su toma en consideración por parte de Consejo Asesor de medio ambiente (CAMA), principal órgano de encuentro y participación entre la Administración General del Estado y los sectores sociales y económicos relevantes para el medio ambiente, para después ser tratado en Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas y por el Consejo de Estado, paso previo a su remisión a Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación parlamentaria.


Cabe destacar que este anteproyecto de ley se alinea con “El Pacto Verde europeo” (The European Green Deal), acordado por la Comisión Europea en diciembre de 2019, que establece una nueva estrategia de crecimiento para transformar la Unión Europea en una sociedad justa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de sus recursos y competitiva, y que llegará a la neutralidad climática en 2050. Entre las nuevas medidas que se incorporan en el borrador destacan:


Establece la obligatoriedad de zonas de bajas emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes y en los territorios insulares. Crea una plataforma de información de puntos de recarga. Amplia el porcentaje de los presupuestos generales del Estado que tendrán que contribuir a los objetivos en materia de cambio climático y transición energética. Establece objetivos estratégicos concretos, indicadores asociados y medidas de adaptación encaminados a mitigar los riesgos en seguridad alimentaria asociados al cambio climático. Fija que los planes, estrategias, instrumentos y disposiciones que se adopten en materia de lucha contra el cambio climático deben realizarse bajo fórmulas que garanticen la participación de los agentes sociales y económicos interesados, y del público en general.


Mantiene las dos grandes referencias temporales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), introducir energías renovables y ser más eficientes en el uso de la energía: 2030 y 2050. Establece medidas para impulsar las energías renovables. Mantiene un título exclusivo para medidas de Transición Justa.


Font: infocentre.com


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